Autores

Que se haya tumbado en España la llamada "Ley Sinde" invita a reflexionar sobre por qué persistimos en el S XXI, sumidos en discusiones falaces. Los términos en que se plantea el tema de los derechos de autor en todo el mundo, es falso. No tiene por qué ser más auténtico en España. Las críticas que los autores sindicados tras la bandera de la SGAE (y también otras) vierten sobre la actitud de los políticos son desde hace tiempo poco atendibles. No reflejan más que a un sector querible y brillante de los creadores quienes, en su mejor caso, no son más que rehenes de conciencia de la industria discográfica o cinematográfica. Poco importa el grado de implicación ya que casi ni hace falta señalar cuántos de estos creadores son, en efecto, productores o inversores en las industrias señaladas, lo que los convierte no en defensores principistas de un derecho vulnerado, sino en interesados recolectores de las prebendas que esas industrias generan.

Por supuesto que a todos les asiste un derecho y es el de expresión. Pueden quejarse y reclamar, pero no pueden intentar colar como una iniciativa de bien común una ley de este tipo que está dirigida específicamente a custodiar sus intereses y reparar sus pérdidas.

Las voces de autores que se elevan en este debate actúan en un triple ámbito: como empresarios, como corporación y, con la incorporación de Ángeles González Sinde al cargo de Ministra de Cultura, a la política en el más alto estamento posible. Estas voces se han presentado públicamente como representantes legítimos de un derecho universal, cuando en realidad son un lobby. Un grupo de interés que vela por su propia agenda y que trata de reclutarnos a otros como presuntos vulnerados por la actual situación de los derechos de autor, ya sea como creadores o como ciudadanos. Se interviene por nuestro propio bien.

Esta acción en pinza está movida por intenciones muy lejanas al bien común. El comportamiento de la SGAE, en algunos casos rozando actitudes talibanes, es sólo comparable al del sindicalismo corporativo que fue la forma de agrupación preferente de origen social durante regímenes fascistas y de corte totalitario. Por caso, la SGAE que se arroga este papel pseudosindical, ni siquiera es un sindicato, con lo cual su representatividad está ya, desde el principio, cuestionada. Pero supongamos que esto fuera un defecto de forma y que su programa de acción sea lo más importante. Discutamos entonces esto, que es un material sensible con el cual se busca unir a la sociedad tras un fin, y veamos el alcance de su legitimidad.

El derecho de autor se encuentra comprendido dentro de un arco más grande y fundamental que es el derecho a la libre expresión y a la libre circulación de las ideas. El derecho de autor implica que una persona física posee una propiedad sobre una expresión particular y puede explotarla en términos concretos como mejor le parezca. Es un derecho que protege la propiedad sobre un material original, para que no pueda ser reproducido (ya sea como omisión, clonación o plagio) o arrebatado por otros, para que no se produzca una apropiación indebida.

El autor suele trabajar como asalariado de una industria o como creador libre, freelance, que vende o presta su habilidad a cambio de dinero. Los pagadores no son infinitos. Hay un mercado de trabajo que combina fuerzas privadas, independientes, subvencionadas por el estado y hasta el estado directamente en ellas. El mercado puede ser más extenso o menos, más flexible o más rígido, más o menos democrático, pero es limitado. Sobre la base de su limitación en espacio, la industria de la creación ha trabajado todo tipo de relaciones y acceder a él siempre se ha considerado un privilegio. Estar dentro o estar fuera, pertenecer o no pertenecer no es para nada lo mismo. Al punto que es posible plantear que este mercado en cualquier parte del mundo es más una estructura cerrada que abierta, y que sus criterios de demanda son tanto o más arbitrarios que los de cualquier otra industria. Sus propias relaciones internas, a lo largo de la historia, han determinado quién puede trabajar o no, quién progresa y quién cae. En ese sentido y por su grado de exposición pública, la industria de la creación, de la expresión, está tan sintonizada con el mundo de la política y el estado. En todo momento es una industria de la coptación. De integrar a otros que perpetúen esa forma de funcionar y que no cuestionen sus cimientos. Como excusa se ha esgrimido siempre que la popularidad y el talento son los que determinan el acceso a este mundo. Excusa que desde hace más de una década está cuestionada de raíz por la construcción global de famosos a partir de toscos advenedizos. Nadie en la construcción del universo de reality shows ha conseguido mostrar más que un diamante en bruto entre tanto freak, y sin embargo una parte enorme del negocio audiovisual está dominada por esta feria de fenómenos.

Cuando la producción televisiva está dominada desde hace mucho tiempo por los formatos de bajo coste, donde precisamente el autor es el que desaparece por propias necesidades de la industria y se extingue en favor de criaturas que opinan de cualquier cosa como si estuvieran en el patio de su casa, hablando de insustancialidades, hace pensar mucho dónde se está haciendo hincapié cuando se quiere mejorar las condiciones autorales y por qué.

Así hasta el día de hoy se ha logrado que muchos involucrados laboralmente en la industria se solidaricen con muchos de los postulados que el lobby autoral viene blandiendo, atentos a un discurso de urgencia apocalíptica por el cual si la industria se derrumba, no se generarán puestos de trabajo sino que se perderán muchos de los existentes. Es el mismo discurso que los empresarios de todas las ramas industriales proponen a sus gobiernos cada vez que la ruta económica no sigue los caminos que ellos quieren dictar. Algo que es mucho más profundo que la mera idea de pensar distinto o poder verse afectado por ciertas medidas.

La forma parece bienintencionada, pero lo que subyace es un concepto de extorsión. Un dueño de una fuente de trabajo puede hablar en los mismos términos con sus trabajadores. O se arremangan o se cierra. En una industria del pensamiento y la creación, la propuesta es o apoyan, o todo se va al traste.

Estas formas de operar, de neto corte corporativista, de grupo de presión, tienen poco aliento democrático aunque se disfracen de causa justa, de protección de un derecho fundamental, de causa heredada de la revolución francesa o como se las quiera llamar. No protegen al autor sino al que gana dinero con el trabajo de uno o varios autores. Hagan cuentas. Cuánto gana un autor y cuánto se llevan las empresas que distribuyen. La intermediación es la que impone aquí su tono extorsivo, aunque se cubra de máscaras de cualquier tipo.

Lo que se cuestiona no es el derecho de un autor a percibir el justo pago por su trabajo, sino a que las empresas que dominaron y por supuesto dominan el mercado de la creación, no sigan convirtiendo al autor en un rehén. Porque si el sistema en que hoy funciona la distribución y la protección de contenidos está caduco, no es criminalizando ni persiguiendo, ni conservándolo contra viento y marea como se va a solucionar el problema. Los propietarios de la industria no están dispuestos a ceder ganancias y privilegios. En eso no se parecen para nada a los revolucionarios franceses, sino a la más rancia aristocracia aferrada a sus prebendas, completamente fuera de sincronía con su tiempo y con la realidad.

Nadie cuestiona al autor, sino al estado de cosas. A los que se refugian tras un derecho sensible de otros, para perpetuar sus ganancias. Y el grado de desesperación en el que incurre esta industria es tan enorme, que son capaces de apoyarse en situaciones aberrantes. La gran mayoría de este lobby está integrado en de una forma o de otra en el mundo de la información. Periodistas que son autores y viceversa. Para el mundo de la información, fáctico, igual que al de la creación, les interesa y les importa la existencia de una amplia libertad de expresión. Les importa lo que haga Hugo Chávez en Venezuela con la prensa y ahora con Internet. Les preocupa que China censure a Google. Les preocupa que el presidente bielorruso reelecto, Lukashenko, de corte comunista a su manera, también plantee el control de Internet. Pero no se les mueve un pelo a la hora de plantear el cierre de webs P2P porque vulneran los derechos de autor. Cuando gobiernos a los que se cuestiona por su signo político se ponen a regular, controlar o censurar la información, hay que criticarlos porque atacan la libertad de expresión, pero el cierre de webs se tiene que leer como un derecho creado en defensa de una víctima: el autor. Qué cara más dura hay que tener para vender las cosas de esa manera. Por lo menos un gobierno puede refugiarse en la razón de estado, que es siempre política, muy criticable y muy atendible. Pero, ¿desde dónde cortar el flujo del intercambio entre usuarios de la red se convierte en "loable"? Les tendría que dar vergüenza.

En el mundo de Internet las reglas no van más allá de los poderes existentes. Ninguno se ve amenazado por ellos. En tiempos del feudalismo, cuando los nobles vieron que la revolución burguesa se venía encima, trocaron sus formas de propiedad para ajustarse a un nuevo sistema y así no perder sus posesiones y su posición de influencia en la sociedad. Internet plantea un reposicionamiento global a los mismos que hoy detentan el poder y los que se aferran a las formas arcaicas, o se transforman o se derrumban. Puede ser cierto que muchos de los que hoy son ricos y poderosos dejen de serlo. Otros lo serán en su lugar.

En tiempo de las filtraciones de Wikileaks hay que estar atentos a las nuevas formas de propiedad, de autoría y de circulación de la información que propone la red. No se pueden cerrar las opciones. No se puede persistir en la contradicción flagrante de considerar que la libre circulación es algo bueno para los demás pero no para uno, cuando son los privilegios propios los que están cuestionados. Este razonamiento afectado de conveniencia carece de valor para el presente. Hay que aceptar los cambios sociales con todas sus consecuencias. Y si se cuestiona el modelo de distribución y reproducción a través de la red porque afecta al autor, habrá que mirarlo en forma progresiva y no regresiva. Las propuestas de cierres, cortes o limitaciones son de neto interés industrial y empresarial. En nada reflejan al ciudadano o a la población en general. Y hay que entender que si durante décadas el acceso de obras estuvo en manos de un grupo de privilegiados y eso ya no es así, hay que aceptar que el futuro es democrático y que la gente puede bajar contenidos como nunca antes. Cómo los use es otro tema, pero conseguirlos es también un derecho. Aceptemos el cambio y busquemos alternativas en las que al usuario común, que ya paga por un servicio, no se lo cargue con la propia ineficacia de la industria para regenerarse y se le cobre por contenidos que hoy la tecnología le permite tener de forma gratuita. Así será que la mejor solución para un autor, será la que lleve la relación entre todos hacia adelante.