Veinticuatro Pascuas atrás miles de argentinos salimos a enfrentar el levantamiento carapintada que lideró Aldo Rico. En esta Pascua de 2011 volvemos a ser conmovidos por la desaparición de Víctor Martínez, testigo clave en uno de los juicios contra los represores de la dictadura. No es el primero. Ya ocurrió esto con Julio López y a día de hoy no sabemos nada de él. La suerte de este nuevo desaparecido parece correr por derroteros "más felices". En la madrugada de hoy ha aparecido con vida. Fruto, podemos pensarlo sin temor a equivocarnos, de que otros miles de argentinos desde sus casas y a través de las redes sociales iniciamos nuestra propia vigilia pidiendo que este hombre sea encontrado y sea encontrado con vida.
No traigo el recuerdo de la Pascua de 1987 en vano. Creo que en él hay otras similitudes. La primera es la de una población alerta y demandante, que decía que no se podía volver atrás y que la democracia era una conquista a la que no se iba a renunciar. Ese era el mensaje claro, mientras entre bambalinas el gobierno de Alfonsín negociaba con los sublevados y enviaba unas tropas fantasma a aplacar el levantamiento, lideradas por el General Alais, cuyo lento avance podría haber llenado de vergüenza a una tortuga real. Claro que esto se debía a una diletancia fundamental, ya que no había ninguna intención de reprimir a los carapintadas. Se negoció con ellos y como resultado se les dio en prenda una ley como fue la de Obediencia Debida.
La suerte de nuestro país está cruzada por la política de derechos humanos, no sólo en cuanto a lo que implica en sí resolver la tragedia de los desaparecidos durante la dictadura, sino también porque la legislación que de este tema resulta es la que marca los condicionantes políticos de nuestra democracia. Podríamos decir que nuestra democracia es y existe en tanto y en cuanto hay un cuerpo de leyes que determina los límites de la impunidad por crímenes cometidos con el estado y qué tipo de persecución tienen estos delitos en tiempos de la democracia. La suerte de los testigos físicos que declaran en juicios contra represores, es determinante de este estado de cosas.
La desaparición flagrante de Julio López durante el juicio a Etchecolatz, puso en un primer plano este estado de cosas. Y lo puso en un estado de tensa espera. López fue (y es) una prenda tomada por esta red que aún legitima en las sombras lo actuado por la dictadura durante el 76-83. Creer que esto sólo involucra a los directamente implicados y no a herederos activos de este tipo de modus operandi, nos expone a ser excesivamente ingenuos. La tarea es mucho más grande y tiene mayor alcance práctico que lo que determina una ley que auspicie los Juicios de la Verdad.
Desde la CONADEP, pasando por los juicios a las Juntas, y llegando a los Juicios de la Verdad, mucha gente ha pasado a dar sus testimonios con gran valor, a sabiendas de que hablar y declarar es ganarse enemigos mortales. Estos enemigos, algunos nombrados y otros en las sombras, saben que lo que está en juego es su estado de libertad y también sus cotas de poder y dinero acumulado en los años de plomo. Pero al mismo tiempo el sistema y el grupo humano que lo llevó a cabo y que se vio cuestionado al volver la democracia, no desarmó jamás su entidad vigilante y represiva.
Una de las formas que se entendió fundamental para detener a este grupo (nada pequeño, por supuesto), es recurrir a los medios que el estado de derecho da y que permiten juzgar a los que hayan perpetrado crímenes contra la humanidad. Fijémonos si esto no es importante que desde todas las corporaciones simpatizantes de la represión, se buscó siempre torcer las leyes más obvias para que el estado de impunidad siguiera intacto. Eso pasó durante años en Argentina y es por eso que el reclamo y la urgencia de llevarlos a juicio sigue hoy más vigente que nunca. Pero con juzgar no alcanza.
Hasta la desaparición de Julio López se podía argüir que aún no había pasado nada en treinta años de democracia y que todo sucedía con relativa "normalidad". Pero desde 2006 esta ecuación se acabó.
La desaparición de Víctor Martínez deja la herida expuesta de dos cuestiones fundamentales: a) De que los involucrados en crímenes perpetrados durante la dictadura están activos y no están solos. No son cuatro viejitos defendiendo el rancho. Hay una red que históricamente perpetúa sus acciones y sus fines, y que no duda en repetirlos si hace falta. Sólo están condicionados por una situación política que no les deja las manos libres; b) El sistema de protección de testigos es pobre, si no inexistente. Sin garantías de seguridad para ser testigo de acusación pública contra criminales pertenecientes al ejército y la policía, no se puede operar. Esta sociedad no puede bancar la desidia de que cada tanto desaparezca un testigo como cordero sacrificial de bandas de delincuentes que se escudaron en el estado para cometer actos criminales y que durante la democracia se escudan en su condición privilegiada de ser miembros de la fuerza de seguridad (y por portar armas) para tratar de no ser imputados por sus delitos.
Si el gobierno ha impulsado como una medida privilegiada y cierta los Juicios de la Verdad, tiene que generar todos los medios y facilidades que le permite el poder público para llevar a cabo esta tarea, y esto en términos prácticos es un verdadero Programa de Protección de Testigos. Habrá que discutir cuáles son sus características, pero está claro que las actuales son inservibles. No puede el Ministro de Justicia Julio Alak decir con tanta impunidad, que Víctor Martínez "no estaba incorporado a medidas de asistencia o seguridad porque no hubo pedido al respecto"
No se puede ser tan cínico. Ser testigo en causas que trascienden lo meramente criminal, que son causas políticas, a las que el estado promueve enfrentar, no puede dejar al libre albedrío de un testigo o a su azar callejero, que determine si vive o muere; si se queda encerrado en una casa o si puede ser secuestrado cuando sale a comprar al almacén de su barrio. Nada más lejano a cualquier concepto de testigo protegido.
Ser testigo de este tipo de crímenes es una carga pública y es al Ministerio público (en este caso Justicia, pero que envuelve a todo el estado), hacerse cargo de la seguridad práctica de cada hombre y mujer dispuestos a declarar. Debe trabajar en la protección de ellos y de sus familiares y proporcionarles todos los medios que le permitan realizar su tarea y que a la vez sean compatibles con su seguridad física. Es un mal chiste que se deje a los testigos convertidos en blancos móviles para que los antiguos represores y sus cómplices de hoy se den el lujo de levantar a alguien en la calle y hacerlo desaparecer.
Hoy es el momento de responder a estos imperativos, que no son menores que los que determinaron los episodios de Semana Santa del 87, ni por su cantidad ni por sus implicaciones.
Hay una primera parte urgente que es investigar a fondo qué pasó con Víctor Martínez. Cómo se lo secuestró y que trama de situaciones operó en este episodio hasta su reaparición esta madrugada en Flores. Hay que discutir la situación de la causa que el propio Alak dice que ha sido alargada exageradamente poniendo en más peligro al testigo. Pero hay que discutir sobre todo el estado de seguridad de este testigo y por contigüidad el de todos los demás. Porque no alcanza con pensar que un juicio puede ser largo para evaluar los riesgos de la seguridad de una persona. Aunque el juicio termine, cabe la posibilidad de la represalia. De represalias planificadas o aleatorias. Si el estado no contribuye de forma efectiva a la protección, entonces está facilitando el camino de llegada a sus testigos. No hay lugar para dobles discursos en estos temas; y la declaración de Alak es en concreto un doble discurso.
No podemos dejar que nada de esto vuelva a pasar nunca. No podemos dejar que nos vuelvan a mandar a casa con unas "Felices Pascuas". Ahora más que nunca nos toca a nosotros ejercer ese estado de vigilia que nos corresponde a todos y cada uno porque la seguridad de hombres como Víctor Martínez o Julio López es un tema de todos y cada uno de nosotros. Aunque está clarísimo que la instrumentación final y práctica está y estará siempre en manos del Estado; estamos delegando en el poder político esta prerrogativa tan cara a toda nuestra democracia. Lo menos que nos merecemos es que se vaya a fondo con el tema y se empiecen a dar respuestas ya. Para diletancias en el tiempo ya nos alcanzaron las del General Alais.
